El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha planteado que la Generalitat asuma la gestión y ejecución de las futuras obras de mantenimiento y ampliación de la autopista AP-7 en Cataluña.
La propuesta se articularía mediante una nueva encomienda de gestión acordada entre el Gobierno central y la administración catalana. Con esta fórmula, el Estado conservaría la titularidad de la infraestructura y asumiría la financiación, mientras que la Generalitat se encargaría de gestionar, adjudicar y ejecutar las actuaciones.
El objetivo, según ha explicado el líder de ERC, sería mejorar el estado de conservación de la autopista y ampliar su capacidad en aquellos tramos en los que resulte necesario para reducir los problemas de congestión.
Una propuesta para después del verano
Junqueras quiere que la iniciativa pueda empezar a concretarse en septiembre, durante una reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España prevista después de las vacaciones de verano.
En ese encuentro, ERC también pretende impulsar la formalización de una nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña. Este organismo estaría orientado a realizar estudios, redactar proyectos y facilitar la ejecución de inversiones estatales dentro del territorio catalán.
La creación de esta sociedad forma parte de los acuerdos alcanzados entre ERC y el Govern de Salvador Illa en el marco de la negociación presupuestaria.
Para Junqueras, el nuevo instrumento permitiría acelerar proyectos que actualmente dependen de la Administración General del Estado y mejorar el nivel de ejecución de las inversiones comprometidas en Cataluña.
Mejorar el mantenimiento y ampliar los tramos más saturados
La encomienda de gestión propuesta para la AP-7 tendría dos objetivos principales. El primero sería garantizar un mantenimiento adecuado de la infraestructura, una de las principales vías de comunicación de Cataluña.
El segundo consistiría en ampliar la capacidad de los tramos que presentan mayores problemas de circulación. La propuesta no concreta todavía qué zonas serían objeto de intervención ni qué presupuesto sería necesario para desarrollar las actuaciones.
Desde la eliminación de los peajes en buena parte de la autopista, la AP-7 ha adquirido todavía más importancia para los desplazamientos internos y para el transporte de mercancías. La intensidad del tráfico ha convertido la gestión de esta infraestructura en uno de los principales debates sobre movilidad en Cataluña.
La iniciativa de ERC pretende que la Generalitat disponga de una mayor capacidad para decidir cómo y cuándo deben ejecutarse las mejoras, aunque la financiación seguiría correspondiendo al Estado.
Más competencias para ejecutar inversiones estatales
Junqueras ha vinculado esta propuesta con los últimos datos sobre la ejecución de inversiones públicas en Cataluña. Según las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado, Cataluña recibió en 2025 el 8,6 % de la inversión regionalizable ejecutada por el Estado.
El dirigente republicano considera que este nivel de ejecución demuestra la necesidad de conceder a la Generalitat más herramientas, competencias y recursos para gestionar directamente determinadas actuaciones.
La encomienda de gestión permitiría que el Gobierno central financiara los proyectos, pero que fuera la administración catalana la encargada de licitar y supervisar las obras.
Este modelo ya se ha utilizado en otras infraestructuras viarias de Cataluña y ERC quiere ampliarlo a nuevos proyectos.
ERC también reclama más recursos para la N-260 y la N-II
La propuesta relativa a la AP-7 forma parte de un paquete más amplio de inversiones en carreteras.
En el caso del Eje Pirenaico, correspondiente a la carretera N-260, ya existe una encomienda de gestión financiada con 260 millones de euros. Junqueras propone añadir otros 300 millones para ampliar las actuaciones previstas.
ERC también quiere incrementar los recursos destinados a la N-II en la comarca del Maresme. Actualmente, la encomienda vinculada a esta carretera cuenta con 384 millones de euros, aunque el líder republicano no ha especificado qué cantidad adicional solicitará.
Estas actuaciones buscan reforzar la red viaria catalana y desbloquear proyectos cuya ejecución se ha prolongado durante años.
La Sociedad Mercantil de Inversiones
La nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña sería una de las principales herramientas para desarrollar esta estrategia.
Su función consistiría en preparar estudios, redactar proyectos y garantizar que las inversiones comprometidas por el Estado puedan ejecutarse con mayor agilidad.
ERC considera que esta sociedad podría compensar parcialmente la falta de un Consorcio de Inversiones, otro organismo defendido por los republicanos para supervisar la inversión estatal en Cataluña.
La creación del consorcio necesita el respaldo del Congreso de los Diputados. La propuesta no prosperó anteriormente debido al voto contrario de Junts, una decisión que Junqueras ha vuelto a criticar.
El presidente de ERC ha anunciado que su partido volverá a presentar la iniciativa en el Congreso y ha pedido a Junts que reconsidere su posición.
Un consejo con agentes económicos y sociales
Junqueras también plantea crear un consejo asesor en el que participen los principales agentes económicos y sociales de Cataluña.
El organismo podría contar con representantes de sindicatos, patronales, cámaras de comercio y universidades. Su finalidad sería analizar las necesidades de inversión y aumentar la presión institucional para que los proyectos comprometidos se ejecuten.
La propuesta ya estaba contemplada en los acuerdos presupuestarios entre ERC y el Govern. Los republicanos consideran que una posición compartida por diferentes sectores de la sociedad catalana facilitaría la negociación con el Ejecutivo central.
La gestión de las infraestructuras entra en la negociación política
La reclamación sobre la AP-7 se suma a otras negociaciones abiertas entre ERC, la Generalitat y el Gobierno de España.
Entre ellas se encuentran el modelo de financiación autonómica, la condonación parcial de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica y la posible delegación de la gestión y recaudación del IRPF.
ERC pretende que la posibilidad de transferir la gestión del impuesto a la Generalitat se introduzca durante la tramitación del nuevo modelo de financiación en el Congreso.
Junqueras reconoce que la negociación será compleja, pero confía en que puedan alcanzarse nuevos acuerdos durante los próximos meses.
La propuesta sobre la AP-7 deberá ahora concretarse en las reuniones previstas después del verano. Para ponerla en marcha será necesario definir los tramos prioritarios, el presupuesto disponible y las competencias exactas que asumiría la Generalitat.
